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Nuevo rumbo económico: principales cambios e interrogantes
Desde la asunción del nuevo equipo político-financiero en diciembre de 2015, la macroeconomía argentina se ha visto fuertemente modificada en todos sus aspectos. Sergio Besfamille, socio de CCI FRANCE ARGENTINE, analiza los principales cambios y sus perspectivas.
La política económica del anterior gobierno se basó en el consumo privado; el nuevo paradigma, en cambio, es bajarlo en forma relativa y promover tanto la producción de bienes y servicios como la exportación, con una fuerte eficientización del Estado en pos del equilibrio fiscal en el mediano plazo. Esa exacerbación del consumo -privado y público- fue en detrimento de la inversión en ambos sectores –producción y exportación-, lo que generó importantes cuellos de botella.
La nueva política económica tendrá como premisa fundamental, crear, desde el Estado, condiciones de estabilidad económica y financiera; liberar el mercado para mejorar los precios relativos fuertemente distorsionados (en especial, las tarifas de los servicios públicos); y terminar con los conflictos financieros internacionales. Lograr estos objetivos es indispensable para incentivar las inversiones con un marcado criterio de eficiencia pública y rentabilidad privada.
Análisis sector por sector
Elegimos cuatro áreas para enumerar los principales cambios (político-económicos), según su fuente o principal sector de incidencia.
1. Banco Central de la República Argentina
Recuperado su rol independiente (incluso en contraposición con algunos requerimientos del Ministerio de Economía), el BCRA se muestra como un ente autónomo, profesional y racional.
• Modificación de su papel central: de prestamista de última instancia, pero casi exclusivo del Tesoro, a regulador independiente de las variables macroeconómicas (tarjetas de crédito, inflación, M2, tasas, etc.).
• Presentación de política monetaria 2016: el foco está puesto en las metas de inflación y las tasas de interés como variables de control con revisión semestral.
• Cuasi liberación cambiaria y “flotación sucia” del tipo de cambio: la intervención en este mercado no será significativa, salvo para evitar movimientos que alteren la previsibilidad dentro de la volatilidad planteada.
• Eliminación del encaje o retención del 30% a los capitales financieros: habrá controles y políticas tendientes a evitar el ingreso de capitales altamente especulativos que impiden el correcto desenvolvimiento de las variables económicas en el corto plazo.
• Manejo activo de tasas de interés como instrumento de política monetaria: su debut se dio con un fuerte incremento en las tasas de las Lebac (Letras del Banco Central) para luego bajarlas bruscamente, lo que provocó una suba del dólar. Para evitar que ese aumento impactara en la inflación, el BCRA volvió a impulsar las tasas, que se mantuvieron altas el tiempo suficiente para frenar la realimentación inflacionaria; con un plan progresivo de pequeñas pero persistentes bajas, la autoridad monetaria está creando una nueva curva de tasas, acorde con las metas relativas a la inflación.
• Manejo activo de cantidad de dinero como política económica: la base monetaria se incrementa, desde comienzos de año, a un ritmo anual del 24%. Esto lleva a que la tasa de inflación convergerá, tarde o temprano, con esa tasa. Adicionalmente, el BCRA aumentó los encajes y tomó dinero en pases, a fin de esterilizar mayor liquidez.
El interrogante: ¿cómo reaccionará el BCRA ante un fuerte (inminente) ingreso de divisas (por exportaciones e inversión financiera y de infraestructura)?
2. Finanzas Públicas
Se ha iniciado un camino de austeridad y saneamiento de las cuentas públicas con la premisa del gasto eficiente, el déficit nulo y la racionalidad en el gasto.
• Presentación de un nuevo programa fiscal con proyecciones de déficit: es probable que en 2016 las pretensiones del Gobierno de bajar el déficit no se cumplan. Ciertas razones políticas, y con el objetivo de evitar conflictos sociales, hacen que se flexibilicen decisiones tomadas que resultaron impracticables.
• Ajuste severo de los gastos tanto a nivel nacional como de envío a provincias.
• Ajuste moderado de tarifas (baja en subsidios al usuario final), con revisiones para evitar conflictos sociales.
• Baja en subsidios: a la espera de nuevos planes (donde prime el sentido común).
• Arreglo con los holdouts en litigio desde 2001 y pago de cupones de deuda performing: esto permite financiar obras y el déficit a tasas sensiblemente inferiores, además de bajar en forma marcada los costos a las empresas privadas.
El interrogante: ¿se podrá reactivar rápidamente (y sin inflación) la economía, pero sin un Estado tan “grande”?
3. Obras Públicas
Se inicia un corto período de paralización y exhaustiva revisión de toda la obra, donde parece haber cambiado el foco.
• Revisión de obras de infraestructura (Represa NCK y Atucha III) suspendidas y posteriormente reformuladas con menor inversión.
• Nuevo plan de transporte: el puntapié inicial fue en el Belgrano Cargas, y se hizo la promesa de duplicar las autovías existentes en 4 años (orientado a la producción).
• Plan de infraestructura para servicios básicos (agua corriente y cloacas) NOA-NEA.
• Revisión de planes de vivienda e implementación de créditos hipotecarios para la clase media urbana (con objetivo económico y no asistencialista).
El interrogante: ¿habrá sido muy drástico para las economías regionales el paro total de la obra pública y su posterior redireccionamiento?
4. Producción
Desde todos los sectores del Gobierno se alienta a los productores. Si bien aún no se han visto modificaciones sustanciales en el marco legal, se cree que las nuevas autoridades generarán un marco político-legal que incentive el aumento de producción (por ej., el caso de Toyota).
• Liberación de la producción al eliminar restricciones en general y retenciones a las exportaciones.
• Mantenimiento de cierto grado de control a las importaciones (proteccionismo) a los bienes industriales.
• Eficientización (y eliminación de discrecionalidad) en la gestión de préstamos y líneas de subsidios a las pymes.
El interrogante: ¿se generará un sobreendeudamiento de las empresas que luego deba licuar el Estado?
Por último, con respecto a la exteriorización de bienes (blanqueo) y el pago a los jubilados, al cierre de esta edición no había salido el proyecto definitivo del Congreso de la Nación. Esta ley ómnibus refleja dos factores: por un lado, la necesidad del Gobierno de solucionar el costo social de los aumentos de costo de vida; por el otro, la necesidad de inyectar capitales frescos a las empresas e individuos para responder al crecimiento de la producción a través de nuevas inversiones y capital de trabajo. El Gobierno aprovechó una política internacional tendiente a que los bancos informen a los entes de fiscalización de los países de origen sobre los fondos depositados en cuentas del exterior; dichos países requerían una solución local para “blanquear” esos capitales.
